Sobre la huelga de controladores

Es difícil que un emprendedor como el que solemos describir en esta página, se vea afectado por una huelga encubierta de semejante calibre pero ¿qué puede hacer un Gobierno contra un ataque como este al bienestar de los ciudadanos? Aparecen dos conceptos de los que poca gente tiene conocimiento: delito de sedición y estado de alarma. ¿Qué son? ¿Para qué sirven y en qué supuestos se aplican? Te lo contamos tras el salto.

Delito de sedición

Viene regulado en el artículo 544 y siguientes del Código Penal español. Reza así: “Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales“.  Las penas no son una broma: prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondrá, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.  Fuera de estos casos, se impondrá la pena de cuatro a ocho años de prisión, y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años.

Estado de alarma

El estado de alarma está recogido en el artículo 162 de la Constitución y desarrollado en una ley orgánica de 1981, que abre esta posibilidad ante terremotos, inundaciones, incendios urbanos o accidentes de gran magnitud, epidemias, desabastecimiento de productos de primera necesidad y, como es este caso, paralización de servicios públicos para la comunidad. Si se declara hoy, sería la primera vez en la historia de la democracia.

La declaración del estado de alarma ha de hacerse mediante decreto acordado por el Consejo de ministros, en cuyo texto habrá de determinarse el ámbito territorial, los efectos y la duración del mismo, que no podrá exceder de quince días, que solo se pueden prorrogar con una autorización expresa del Congreso de los Diputados, que, en ese caso, debería establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga.

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