El pago en efectivo cuando haya un profesional o un empresario interviniendo en la transacción se limitará a 2.500 euros y que el incumplimiento de la norma conllevará sanciones de hasta el 25% del importe de la factura. Con esta medida, incluida dentro del plan de lucha contra el fraude fiscal, que se presentará mañana viernes en el Consejo de Ministros, el Ejecutivo pretende que las operaciones comerciales dejen siempre un rastro que dificulte la utilización de dinero negro. Además, en el caso de las empresas, limitar el pago en efectivo supone un obstáculo a la utilización de facturas falsas.
Es una «medida excepcional», que sólo tendrá efectos en 2012 y responde a un momento en que España necesita reducir el déficit público hasta el 3 % del PIB en 2013. Dentro de los planes para aumentar la recaudación, con el plan de lucha contra el fraude fiscal que aprueba el próximo Consejo de Ministros el Gobierno prevé recaudar 8.171 millones de euros