Si esta propuesta sale adelante las empresas tendrán que pagar a 60 días y las empresas públicas a 30 días a partir de 2013, estos objetivos se alcanzarán de forma escalonada en los próximos tres años. El PSOE quiso incluir una cláusula que otorgaba la posibilidad de que las grandes empresas -más de 100 millones de euros de facturación- pudieran pactar entre ellas aplazamientos de pagos, pero perdió las votaciones ante el resto de formaciones.
Se espera que con esta reforma se inyecten en el tejido de las pequeñas y medianas empresas (pymes) más de 6.400 millones. Y más de 3.000 a las grandes firmas, según la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMCM).
Si, además, el sector público pagase a tiempo -ahora lo hace a 154 días, cuatro meses más tarde de lo que debería- se devolverían a la economía real más de 9.300 millones de euros, casi otro 1% del PIB, apunta la consultora líder en Europa en gestión de crédito, Intrum Justitia (IJ).
En total, se estima que el cumplimiento de la ley podría salvar 600.000 puestos de trabajo, según los cálculos realizados para EXPANSIÓN por la PMCM, teniendo en cuenta una encuesta a más de 95.000 empresas y los datos del propio Gobierno. «Miles de empresas y autónomos dependen en gran medida de la aprobación» de la norma, subrayan desde la PMCM.
Fuente > Expansión
