El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, anunció ayer en el Congreso de los Diputados un conjunto de medidas normativas para reducir el impacto de los desahucios en los colectivos con riesgo de exclusión social, que se completaría con un Código de Buenas Prácticas voluntario a adoptar por el sector financiero.
Este conjunto de medidas se resume en 10 puntos clave
- Umbral de exclusión. Economía modificará la normativa vigente para establecer un nuevo umbral de exclusión social que incluye «unidades familiares con todos sus miembros en paro y cuya vivienda objeto de ejecución sea primera y única residencia». El Ministerio advierte que acotará la definición para evitar abusos o fraudes.
- Ejecución. Tal como avanzó Guindos, el empeño del Gobierno será fomentar las ejecuciones extrajudiciales, creando una base de datos informatizada sobre las mismas y posibilitando el acceso a subastas online de inmuebles embargados, con el fin de que la vivienda se salde con «el precio más elevado posible», y así descargar al deudor de su carga.
- Intereses. Las reformas legales planteadas por el Ejecutivo incluye atenuar los intereses moratorios, en especial para aquellas personas incluidas en el umbral de exclusión.
- Código de buenas prácticas. Aparte de las anteriores modificaciones legislativas, el pilar maestro del plan de Guindos se basa en un «código de buenas prácticas» que las entidades tendría que asumir voluntariamente.
- Gastos. Este documento «contendrá recomendaciones» como la posiblidad de que «en caso de ejecución, el pago del capital de la hipoteca sea proporcional al número de cuotas abonadas» invirtiendo la tendencia actual de que en los primeros años de pago del crédito solo se cubran los intereses, en lugar del principal. También se invita a moderar los gastos asociados a la hipoteca.
- Garantías. Economía busca que las entidades financieras sean «co-partícipes» de la devaluación de los inmuebles que embarguen, para que no sea el titular de la hipoteca el único que asuma la diferencia.
- Dación en pago. Los núcleos familiares recogidos en el umbral de exclusión antes mencionado podrían saldar la hipoteca con la simple entrega del inmueble, en lugar de arrastrar la deuda como ocurre actualmente.
- Periodo de carencia. Guindos ha invitado a la banca a aplicar un periodo de carencia de dos años, prorrogable en determinadas circunstancias.
- Deducción fiscal. Para incentivar el código de buenas prácticas, el Gobierno aprobará una deducción fiscal por las pérdidas que sufran quienes lo apliquen.
- Paliar nuevos casos. El objetivo de la norma, reconoce el Gobierno en su nota, es paliar la situación que viven las familias en riesgo de exclusión social, aunque a priori, no parece que vaya a tener ningún efecto retroactivo.
Fuente > Cinco Días
