El pasado viernes se presentaban las primeras medidas para regularizar el Crowdfunding en forma de proyecto un proyecto de ley denominado Ley de Fomento de la Financiación Empresarial y cuyo objetivo principale es mejorar los canales de financiación de las empresas.
Atendiendo al auge las plataformas de Internet de Crowdfunding se esablece con esta nueva normativa un régimen jurídico para regular esta fórmula de financiación participativa mediante préstamos o la emisión de acciones, obligaciones o participaciones de responsabilidad limitada. Se trata así de de garantizar, de manera equilibrada, la correcta protección de los inversores y de impulsar, al mismo tiempo, esta nueva herramienta de financiación directa de proyectos empresariales en sus fases iniciales.
Esta norma regula exclusivamente las operaciones de financiación participativa que busquen un rendimiento dinerario derivado de la financiación empresarial o de consumo, a diferencia de otros tipos de «crowdfunding» como son los vinculados al mecenazgo o la compraventa.
Inversores acreditados y no acreditados
Con esta normativa surge la figura de inversores acreditados e inversores no acreditados.
Los inversores acreditados, que pueden invertir sin tope, son los institucionales y las empresas que superen los siguientes límites:
- Un millón de euros de activo
- Dos millones cifra de negocio
- Trescientos mil euros de recursos propios
- Además, serán acreditados todas las personas físicas o jurídicas cuyos niveles de renta superen los cincuenta mil euros al año o tengan un patrimonio superior a cien mil euros y soliciten expresamente este tratamiento.
Asimismo, el resto serán inversores no acreditados que, por su carácter minorista, tendrán límites anuales a la inversión, tres mil euros por proyecto y diez mil euros en el conjunto de plataformas, y deberán requerir la firma manuscrita por la que manifiestan, antes de adquirir ningún compromiso de pago, haber sido advertidos de los riesgos de este tipo de inversiones.
Bajo la supervisión de la CNMV
La supervisión correrá a cargo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, con la implicación del Banco de España, cuando la actividad consista en la intermediación de préstamos. La transparencia es otra de las exigencias de la nueva regulación al garantizar que todos los inversores tengan acceso a información suficiente sobre aspectos como la propia plataforma, el promotor y las características del vehículo utilizado para captar la financiación, así como sobre todos los riesgos que implica la inversión en este tipo de proyectos.
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