La proposición de Ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, para permitir a las pymes y a los autónomos no tributar por el IVA de las facturas no cobradas hasta que las cobren se encuentra en un cajón del Congreso de los Diputados, ninguneada tras su aprobación mayoritaria; sumergida en un plazo de enmiendas interminable, que dura ya más de 500 días. Más de un año y medio en el ostracismo.
Demasiada demora, demasiada desidia, opinan los empresarios, para una reforma tan urgente. Porque la supervivencia de cientos de miles de autónomos y de pymes depende de este tipo de reformas contra la lacra de la morosidad comercial (sobre todo la del sector público).
De hecho, según los cálculos de la consultora Intrum Justitia, “el 80% de los autónomos se encuentra en una situación de riesgo por los retrasos en los pagos e impagos”. Teniendo en cuenta que en España hay 3,1 millones de autónomos, habría 2,48 millones en peligro de cierre por la morosidad. Es evidente que nunca podrían caer todos de golpe: el sector se reordena solo. Pero que están en peligro es claro y meridiano, según los datos de la consultora europea líder en gestión del cobro.
Además, el 40% de las empresas españolas ve amenazada su supervivencia por los retrasos en los pagos, según datos de la Intrum Justitia. Esto, teniendo en cuenta que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a 1 de enero de 2011 había en España 3,25 millones de empresas, se traduce en que el cierre amenaza a 1,4 millones de compañías.
El problema del IVA
No en vano, según datos del INE, en el último trimestre aumentó un 19,7% el número de empresas que suspenden pagos. Un dato alarmante, por mucho que se haya vuelto una realidad cotidiana. “Estas cifras no ayudan a las empresas a ser optimistas”, apunta Luís Salvaterra, director General de Intrum Justitia para Portugal y España.
Éste señala que “la situación de pymes y autónomos se debe tanto a problemas coyunturales derivados de la actual crisis económica, como estructurales, derivados de los retrasos en los pagos e impagos. La aprobación e implementación de una enmienda en este sentido [como la de la reforma del IVA que está varada en el Congreso] contribuiría a resolver el problema coyuntural ya que supondría una mejora en su liquidez”.
No obstante, Salvaterra apunta que “estructuralmente, también es necesario que en primer lugar la Administración Pública, que es la peor pagadora, haga todo los esfuerzos posibles por cumplir los plazos fijados en la Ley de Morosidad, y que el Gobierno haga cumplir los plazos sin esperar hasta 2013 si fuese posible, cuando termina el periodo de transición de los mismos”.
Intrum Justitia recuerda que es necesario encontrar la fórmula para que pymes y autónomos no tengan que tributar por el IVA de las facturas que no han cobrado. Sobre todo, en el contexto actual donde según datos de la multinacional sueca, disminuir los plazos de pago de la Administración Pública sería especialmente trascendente si tenemos en cuenta que tienen los plazos de pagos más largos.
Concretamente, según datos del Índice de Riesgo 2011 de Intrum, las administraciones tardan en pagar sus facturas 153 días, frente a los 99 días de las empresas, y 68 de los particulares. De hecho, la consultora estima que si las administraciones públicas, empresas y consumidores pagaran a tiempo sus facturas ello equivaldría a una inyección económica de 28.630 millones de euros.
Gestión del crédito
Por otra parte, Intrum Justitia recuerda que aunque estas medidas son positivas, “la situación ideal es mejorar la política de gestión de crédito para solucionar los impagos”.
Según Salvaterra, “la mala situación de pymes y autónomos respecto a los pagos se debe también a que la mitad de ellos nunca han dejado la recuperación de sus pagos en manos de profesionales especializados y los que lo han hecho tardan una media de 107 días en asignarlas para comenzar a reclamar los impagos”.
Fuente > Expansión
