Ojo a esta noticia que va a traer mucha cola. En dos años, todos los estados miembros de la Unión Europea deberán tener esta norma adaptada a sus legislaciones nacionales. Las empresas y el sector público tendrán que pagar a sus proveedores como regla general en un plazo máximo de 30 días, según la nueva norma comunitaria para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales aprobada de forma definitiva por el pleno de la Eurocámara por 612 votos a favor, 12 en contra y 21 abstenciones. La directiva, cuyo contenido ya ha sido pactado con los Veintisiete, tiene como objetivo garantizar que las pequeñas y medianas empresas (pymes) no sufran más problemas financieros debido al retraso en el pago de facturas de autoridades públicas y grandes compañías.
En el caso de las administraciones públicas, este plazo se podrá prolongar, como máximo, hasta los 60 días cuando esté justificado. Además, se respetarán los contratos entre empresas con plazos más amplios siempre que no resulten abusivos. La norma prevé sanciones por incumplimiento. Los retrasos conllevarán una penalización equivalente al tipo de interés de referencia más una tasa mínima de ocho puntos porcentuales, así como 40 euros en concepto de gastos administrativos.
