Las pymes y los trabajadores autónomos españoles pagan al año 800 millones de euros anuales por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de facturas que aún no han cobrado e, incluso, podrían no llegar a cobrar nunca, según las estimaciones realizadas por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Esta situación supone una «carga muy gravosa» para los afectados debido al aumento de la morosidad e impagos derivados de la crisis.
La ley española del IVA establece que el impuesto es exigible en el momento en que se efectúa la entrega de bienes o prestación de servicios, y no cuando se emite la factura o se realiza su cobro, explica Gestha. En la actualidad, las dos únicas alternativas en caso de morosidad son solicitar un aplazamiento del pago para no anticipar el impuesto no cobrado, lo que conlleva un interés de demora del 5% anual que aplica la Agencia Tributaria, o bien, transcurrido un año desde el impago, la rectificación con unos requisitos muy exigentes de la factura no cobrada.
Los técnicos de Hacienda recuerdan que el Consejo Europeo ya se pronunció sobre esta realidad el pasado mes de julio mediante la aprobación de una Directiva que permite a los Estados autorizar que el IVA se declare con arreglo a un régimen de contabilidad de caja que permita al proveedor abonar el impuesto una vez se reciba el pago. Gestha defiende la aplicación de esta medida «debe ser inmediata, por lo que pide su trasposición sin agotar el límite del plazo establecido hasta finales del año 2012».
Por comunidades autónomas, el mayor importe de IVA repercutido pendiente de cobro por morosidad corresponde a Cataluña (195,2 millones de euros), Madrid (149,3 millones), Andalucía (94,6 millones) y la Comunidad Valenciana (86,9 millones). Tras ellas se sitúan País Vasco (46,6 millones), Galicia (40,5 millones), Aragón (28,2 millones), Murcia y Castilla y León (27 millones en ambos casos), Castilla-La Mancha (25,4 millones), Baleares (15,2 millones), Navarra (14,3 millones), Canarias (13,9 millones), Asturias (12,5 millones), Extremadura (9,2 millones), La Rioja (6,7 millones), Cantabria (5,3 millones) y las ciudades autónomas de Ceuta (0,2 millones) y Melilla (0,06 millones).
Fuente > Eroski Consumer
